Esta semana, AMPES brindó para sus asociados un webinar titulado “Cumplimiento Apartado 30.6”, dictado por Jannuary Peñuelas, Gerente Comercial de la empresa iGas, poniendo en foco las complejidades y desafíos que enfrenta el sector de petrolíferos e hidrocarburos en México. Esta regulación, vigente desde enero de 2022, amplía el alcance de los controles volumétricos que ya se venían aplicando desde 2005, pero ahora con un impacto mucho mayor, afectando a toda la cadena de suministro.
Según lo explicado por Peñuelas a Surtidores Latam, la reforma al apartado 30.6 ha modificado significativamente obligaciones, las cuales ya no se limitan únicamente a un software, sino que ahora también involucran todos los equipos que forman parte del sistema de gestión de medición, incluyendo tanques, dispensarios y otros componentes del ecosistema.
El cambio más relevante es que el cumplimiento ahora abarca a todos los permisionarios en la cadena de suministro de hidrocarburos, lo que incluye no solo Estaciones de Servicio, sino también distribuidores, transportistas y comercializadores. Esta ampliación ha generado incertidumbre, sobre todo porque algunos de estos actores no contaban con equipos compatibles para cumplir con las disposiciones actuales.
Una de las principales preocupaciones que surgieron durante el webinar, fue ¿Cómo lograr responder a estas normativas? Peñuelas señaló que “la documentación presentada por la autoridad es bastante extensa y técnica, lo que complica la interpretación para muchos permisionarios”.
“En el caso del transporte, no existe un equipo que pueda comunicarse directamente a un software, a un servidor, lo cual dificulta o imposibilita el poder obtener la información de los sistemas de medición”, comentó.
Frente a esta falta de seguridad, Peñuelas ofreció recomendaciones claras para los empresarios del sector. La primera y más importante es que se acerquen a proveedores especializados que puedan ayudarlos a cumplir con las disposiciones vigentes.
“El quedarse sin hacer nada les puede perjudicar”, advirtió Peñuelas, recordando que desde enero de 2022 los permisionarios están obligados a enviar archivos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Si no lo han hecho, están en falta y pueden enfrentarse a sanciones.
“Es crucial actuar de manera proactiva, buscar la asesoría de expertos y proveedores, y cumplir con lo dispuesto antes de ser requeridos por la autoridad, evitando así multas innecesarias”, finalizó.
