Los reguladores en materia energética, en los últimos 5 años, han tomado un papel protagónico en acciones de verificación y contenciosas, incluso se ha catalogado por parte de especialistas jurídicos, como una estrategia de ‘lawfare’ o ‘guerra legal’ en contra de las empresas privadas del sector energético.
En este 2024, estaremos a 12 años de la entrada en vigor de la Reforma Energética y a escasos 6 meses de que se cierre este capítulo sexenal del Gobierno Federal, indicios inequívocos de que la criticada reforma constitucional llegó para quedarse indefinidamente, sirviendo ahora de base para mejoras sustanciales que ayuden a las autoridades a adaptarse a las necesidades de una industria cambiante.

Es dentro de este contexto, que se ha mencionado de manera constante en medios de comunicación, que los órganos reguladores en materia energética, en los últimos 5 años, han tomado un papel protagónico en acciones de verificación y contenciosas, incluso se ha catalogado por parte de especialistas jurídicos, como una estrategia de “lawfare” o “guerra legal” en contra de las empresas privadas del sector energético, especialmente en los segmentos de petrolíferos (gasolinas, diésel y gas lp). Esto, partiendo de la base de un prejuicio de que las empresas privadas no cumplen con las normatividades ni con su compromiso con los consumidores, al grado de que Rocío Nahle, ex secretaria de energía, reiteraba su intención de “poner orden” en el sector energético del país.

Ahora, vamos a revisar algunos datos; la Comisión Reguladora de Energía (CRE), según sus informes de labores, entre el 2020 y 2023, reflejan más de 1,200 visitas de supervisión a regulados de petrolíferos, con más de 1,700 acciones de inmovilización o clausura de instalaciones y casi 700 procedimientos de sanción; asimismo, la Comisión se ha envuelto en más de 109 mil asuntos contenciosos (litigios), de los cuales aproximadamente 5,100 son juicios de amparo, con resultados poco favorables a la CRE, señalando que la verificación y sanción ha aumentado casi un 900% en comparación con los informes anteriores a 2019. A esto le sumamos que, en las actividades de emisión de normatividad ha sido escaza y direccionada al fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, lo que en consecuencia, se deriva en el aumento de las controversias legales por vulneración a derechos de concurrencia y competencia.

Fuente: https://www.forbes.com.mx/regulacion-y-cumplimiento-los-caminos-paralelos-en-el-sector-energetico/